¿Uso fraudulento?

El periodista, -es su papel-, denuncia las cosas que no funcionan. Sin embargo, detrás de la espectacularidad de titular y sumarios no hay caso. Se le ve el plumero de la parcialidad. Al parecer, los comerciantes “perciben esta práctica como hecho habitual”, en referencia a que los beneficiados con la caridad municipal gijonesa luego revenden los electrodomésticos que adquieren con la tarjeta social. ¿De dónde sale la sospecha de los boticarios? De “que se han encontrado a muchos compradores que al llegar la mercancía a sus casas les piden que los dejen allí, sin instalar y sin ni siquiera quitar el embalaje”.

Cruceristas mejor que pobres

Observan conductas fraudulentas y las denuncian; bien por los comerciantes, demuestran un alto grado de civismo. Es de aplaudir, sobre todo porque si el Ayuntamiento de Gijón retira esas tarjetas dejarían de ingresar 1’6 millones de euros. Sin embargo, la acusación de un delito no puede basarse en conjeturas, hacen falta pruebas, como vemos constantemente en las películas de los gringos; la “percepción” no es probatoria.

Todo el artículo periodístico se fundamenta en un único caso, el resto son apariencias. El valiente columnista lo señala: “tuvo como protagonista a un hombre de nacionalidad rumana”. ¿Tiene importancia para la noticia el pasaporte del denunciado? ¿Cambia la naturaleza del presunto fraude que el ciudadano sea de Cluj o de Soria? Evidentemente, no; ese tratamiento me da para pensar que detrás de todo esto hay el peor de los racismos, el odio al pobre.

No me creo que los comerciantes tiren piedras contra su tejado; si se llevan para su caja unos millones de euros más bien defenderán el sistema, aunque no sea perfecto. Me temo que la denuncia partirá más probablemente de propietarios a los que no llega el beneficio.

Por otra parte, cuenta la demonización de la pobreza. Ayer tarde mismo, me comentaba la dueña de mi sidrería habitual como, cuando Cruz Roja reparte alimentos, aparecen los contenedores de basura, -literalmente-, “llenos de paquetes de garbanzos”. Terrible leyenda urbana que he oído muchas veces; cuando se distribuyen no llegan, realmente, para cubrir las necesidades de las familias. Datos

(Correcciones: debe decir "porque" y "sabe") 

estadísticos al cierre de 2017: El Banco de alimentos, que acaba de finalizar con éxito la Gran recogida, señala que hay un 18’5% de la población en riesgo de exclusión social. El comedor social de Amicos (Mieres) ha aumentado el 10% el número de usuarios (de los que, por cierto, solamente el 4% son extracomunitarios) y el 14% en comidas servidas; el de Langreo (municipal) ha tenido que aumentar su presupuesto un 133%.

En el caso que se denuncia, el ciudadano señalado además de pobre es medio bobo, porque compra por 1100 y vende por 500, a lo que el periodista llama “el beneficio obtenido”. Debe ser uno de los auditores de las cajas de ahorro, que decían números positivos donde los había rojísimos; en buena técnica contable ha perdido 600, me temo.

La manipulación del sumario señala, “los usuarios, que cobran 2000 €”. Cuando uno lee esto, sin analizar más, piensa ¡qué cabrones, cobrando tanta pasta y todavía trafican! La realidad es otra, que sale en la misma columna: 1.620.000 € repartidos entre 1000 usuarios; es decir, el Ayuntamiento de Gijón no les da 2000€, sino una tarjeta con la que comprar equipamientos básicos (mobiliario, electrodomésticos, ropa, calzado, gafas, audífonos, medicamentos, ortopedia…) por un importe total de 1.600 €.

¿Hay algún fraude? Pues no le digo yo que no, como en cualquier otra actividad humana. Pero si analizamos el único caso que quizá podría ser probado, deberíamos decir que supone exactamente uno entre mil, y que el quebranto económico es, también exactamente, del 0’0679%.

Nos sale barato ser solidarios. Señoras y señores, un sistema de distribución de riquezas injusto nos hace más pobres y nos quita la salud; dejémonos de preocuparnos de los pequeños hurtos y pongamos el objetivo en los ladrones, estafadores y fulleros de cuello blanco, que, dicho sea de paso, no suelen ser clientes habituales de las cárceles.